El escenario legal que enfrenta Google se intensifica con el nuevo enfoque del Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. bajo la administración de Donald Trump. Se ha revelado que el DOJ está decidido a desmantelar lo que considera un monopolio en el sector tecnológico, comenzando con la exigencia de que Google se desprenda de su navegador Chrome, una de sus herramientas más utilizadas en todo el mundo.
La situación se ha desarrollado tras un cambio significativo en la estrategia del DOJ. Aunque inicialmente se planteó la opción de que Google vendiera también sus inversiones en inteligencia artificial, el gobierno ha decidido no avanzar en ese aspecto. Sin embargo, la presión sobre Chrome se mantiene, y el DOJ argumenta que la venta de este navegador es crucial para restablecer la competencia en el mercado.
«La conducta ilegal de Google ha generado un gigante económico que desestabiliza el mercado, asegurando que la empresa siempre salga ganadora», afirma el documento del DOJ.
La intención es clara: dividir a Google de su base de usuarios de Chrome, que alcanza aproximadamente 3.4 mil millones de personas, y transferirla a un competidor.
En este proceso, el DOJ planea revisar exhaustivamente a cualquier comprador potencial para garantizar que la transacción no represente una amenaza a la seguridad nacional. Durante el periodo de juicio, Google no podrá lanzar nuevos navegadores, aunque podrá continuar contribuyendo al proyecto de código abierto Chromium.
La vigilancia del gobierno sobre Android y la inteligencia artificial
Las novedades en la postura del gobierno también afectan a Android e inversiones en inteligencia artificial. Aunque Google no se verá obligado a vender inmediatamente su sistema operativo Android, el DOJ tiene la intención de implementar restricciones que podrían limitar la forma en que Google promueve sus productos en esta plataforma.
Antes, el DOJ había ofrecido la opción a Google de vender Android para evitar modificaciones operativas. Sin embargo, esta opción ha desaparecido. Ahora, el DOJ propone prohibir que Google haga obligatorios sus productos de búsqueda o inteligencia artificial en Android, limitando así su acceso a servicios competidores. Si estas medidas no logran modificar la posición de Google, el gobierno podría obligar a la empresa a deshacerse de Android, decidiendo el futuro comprador.
Por otro lado, en lo que respecta a la inteligencia artificial, el DOJ ha dado un paso atrás en su exigencia de que Google divida sus inversiones en este sector. Ahora solo se requerirá que la compañía notifique al gobierno antes de realizar nuevas inversiones en inteligencia artificial, lo que representa una leve victoria para Google en medio de este intenso escrutinio.
Con el DOJ relajando su postura sobre las inversiones en inteligencia artificial, Google aún enfrenta el desafío de demostrar su compromiso con la competencia en el mercado. La próxima fase de este caso se prevé intensa, ya que Google se prepara para apelar cualquier decisión desfavorable en los tribunales, buscando retrasar las medidas impuestas mientras se resuelve el conflicto legal.