En un giro inesperado de los acontecimientos, Apple ha decidido plantar cara a la reciente orden de la gobernanza británica que exige el acceso a datos de usuarios de iPhones y Macs en todo el mundo. Según un informe de la Financial Times, la compañía de la manzana ha presentado una queja ante el Investigatory Powers Tribunal, una entidad que supervisa las acciones de vigilancia del gobierno británico. ¿El problema? Una orden secreta que obligaría a Apple a proporcionar datos cifrados de sus usuarios a solicitud de las autoridades del Reino Unido.
Los detalles de esta controversia son complicados. Por un lado, Apple no puede confirmar ni desmentir la existencia de este mandato bajo la ley británica, lo que añade un aire de misterio a la situación. El Ministerio del Interior británico, que supervisa el tribunal, también se ha mantenido en silencio, lo que solo alimenta las especulaciones.
A medida que la presión aumenta, Apple se ha defendido alegando que nunca ha implementado ni implementará una puerta trasera en sus sistemas.
Sin embargo, para evitar conflictos, la empresa ha decidido retirar su servicio de Advanced Data Protection (ADP) en el Reino Unido. Aunque esto podría debilitar la seguridad de sus usuarios, Apple argumenta que al no ofrecer el servicio en ese país, no tiene la obligación de crear una puerta trasera.
Pero no todo es tan sencillo. La demanda de información no solo afecta a los usuarios británicos, sino también a aquellos que viven en otros países. Esto ha encendido alarmas en el ámbito internacional, ya que los backups de Apple podrían contener claves que permitan el acceso a otros datos cifrados. En este contexto, la reacción del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha hecho esperar. En una reciente entrevista, expresó su descontento con la solicitud británica, comparándola con prácticas observadas en China y enfatizando que los datos de los ciudadanos estadounidenses deberían estar protegidos de tales intromisiones.
La encrucijada entre la privacidad de los usuarios y las demandas de vigilancia gubernamental continúa, y con ella, la batalla legal de Apple podría sentar un precedente en el manejo de datos personales a nivel global. La cuestión es: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos en su búsqueda de información y cómo responderán las grandes tecnológicas ante estas exigencias?